Las nuevas tecnologías de información y comunicación —y en
particular internet— han generado expectativas y notables avances sobre la
vigencia de algunos derechos fundamentales, en particular la
libertad de expresión y el acceso a la información
pública gubernamental.
Pero aparentemente se ha producido cierta tensión con otros derechos y se han
presentado también algunos conflictos. El impacto más relevante se ha observado
en el derecho de autodeterminación informativa y el
derecho a la intimidad, pero también otros derechos como
el de participación, igualdad de oportunidades, presunción de inocencia, entre
otros, han sido afectados. Así es que algunos sitios judiciales en América
Latina y el Caribe publican muchos datos sobre los conflictos entre personas
(generalmente al difundir las listas de los procesos judiciales recién iniciados
o estados procesales) pero mantienen una total opacidad sobre que tipo de
decisiones adoptan (o sea no se publican los textos íntegros de las
sentencias).
No parece razonable la exigencia de renunciar a un derecho por otro. Se
estima que es posible alcanzar un equilibrio de derechos en el que no existan
pérdidas ni retrocesos. Para este objetivo es necesario identificar claramente
los conflictos, las opiniones judiciales y legales sobre cual derecho debería
prevalecer y poner en marcha la creatividad para lograr soluciones balanceadas,
incluso utilizando herramientas tecnológicas.
La Carta sobre
Derechos en Internet por el desarrollo y la justicia social de la
Asociación para el Progreso de
las Comunicaciones y las Reglas de
Heredia son sólo dos ejemplos de la búsqueda de un balance entre
todos los derechos en juego. Este sitio se propone continuar los esfuerzos que
promueven un equilibrio armónico entre derechos, y una de las primeras acciones
es promover y facilitar el acceso a las leyes, jurisprudencia y otros
documentos legales para enriquecer la opinión informada. En este sentido se
adhiere al movimiento
de libre acceso al derecho, y su esfuerzo para tornar más accesible
la información jurídica.